Nivelar la cancha del transporte público

MBA Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS

Recientemente los legisladores aprobaron el expediente 23360, con lo cual se vuelve obligatorio el pago electrónico en el transporte público. Esta ley formaliza un proceso que la industria del transporte inició voluntariamente en 2017. Durante estos años, el sistema de pago electrónico SINPE-TP ha tenido tanto promotores como detractores. Parecía que la discusión había llegado a su fin, pero es fundamental analizar las motivaciones detrás de esta decisión legislativa.

Lo que impulsó a los empresarios del transporte a adoptar el pago electrónico no es lo mismo que llevó a los congresistas a aprobar esta ley. Algunos comentarios esgrimidos durante la discusión legislativa reflejan no solo desconocimiento, sino también prejuicios profundamente arraigados.

Por ejemplo, se argumentó que los empresarios del transporte manejan “billeteras gordas” que facilitan la compra de voluntades políticas. Sin embargo, el transporte público en Costa Rica es un sector de micro y pequeñas empresas, como lo han señalado la ARESEP y el CTP en diversos informes. También se acusó a los empresarios de inflar la demanda para justificar tarifas sobrevaloradas, ignorando que el verdadero problema es la competencia desleal del transporte informal, que opera sin regulación ni costos estructurales, que afecta la precariedad laboral de los “socio colaboradores.”

Otro argumento fue la supuesta necesidad de una ley para obligar al uso de GPS, cuando el pago electrónico ya proporciona información en tiempo real sobre la operación de las unidades. También se afirmó que la ARESEP debería reflejar cualquier ahorro de costos en tarifas más bajas, sin comprender que el cálculo tarifario ya sigue un modelo regulado bajo la Ley 7593, basado en el principio de servicio al costo y que fija las tarifas según ese principio regulador.

Finalmente, se mencionó que el pago electrónico revelará la estructura de costos del transporte público, cuando en realidad solo transparentará los ingresos, la cantidad de pasajeros transportados y la tarifa aplicada. El SINPE-TP es un sistema de pagos, no de contabilidad de costos.

Estos ejemplos evidencian que en la Asamblea Legislativa existe mucho desconocimiento sobre la industria del transporte público, lo cual distorsiona el debate y reproduce ideas erróneas en la opinión pública sobre la industria del transporte público. Pero el problema va más allá del desconocimiento. Existe un conflicto social contra el empresario autobusero que impide avanzar en la modernización del sistema. Nos estamos peleando con quienes operan el servicio y dejamos la discusión de las mejoras impostergables para después. Hoy tenemos más de 50 proyectos de ley en el congreso que buscan ‘modernizar’ el transporte público pero al final del día, estos son solo parches, nada estructural se ve en esas iniciativas, mientras la industria convulsiona. En este momento el 20% de toda la flota del sistema de transporte público está vencida, la edad promedio de los autobuses en ruta es cercana a los 12 años, más del 20% de toda la demanda el transporte se redujo después del Covid-19, más de 100 rutas han sido abandonadas por los operadores de transporte y ha sido tomadas por la informalidad y el hampa,

El debate que realmente debería estarse dando en la Asamblea Legislativa es cómo equilibrar derechos y responsabilidades en el contrato de concesión. Los empresarios deben garantizar calidad en el servicio, pero el Estado debe garantizar condiciones para su operación rentable. Esto implica mejorar la infraestructura, eliminar la competencia ilegal y considerar subsidios estratégicos, no solo para tarifas, sino para garantizar la sostenibilidad del transporte público en su totalidad.

El transporte público es un servicio esencial, no un privilegio ni un campo de batalla ideológico. Es hora de subir el nivel del debate. El transporte público es una actividad esencialmente técnica, que requiere de planificación y sobre todo visión de conjunto sobre el tipo de sistema que queremos. El sistema actual necesita de profundas reformas y en esto mucho pueden apoyar los legisladores.