Antes de seguir asumiendo compromisos desproporcionados con los sindicatos, el Gobierno tiene la responsabilidad de llamar a referéndum

No subestimen ninguna advertencia

Anunciada con bombos y platillos, en la huelga del lunes solo sonaron ollas y tapas sin coordinación. La orquesta ni sus directores tuvieron el alcance anunciado y no fue precisamente por la estrategia acertada de un Gobierno “que prometía” manejo inteligente el día previo… quedó evidenciado que las destrezas de negociación del Gobierno fueron quijotescas y en lugar de enorgullecer al pueblo costarricense, se abrió el gran cuestionamiento de si operaron bajo “el compadre hablado”.
En 2000, en épocas del combo ICE, un pueblo “entero” se unía en contra de los intentos por desmantelar al ICE, privatizar las telecomunicaciones y ampliar la participación privada en la generación de energía. En lo que sí replicamos las circunstancias de esa realidad social de nuestra historia, es en el desencuentro innegable entre los estamentos políticos y la realidad de nuestra sociedad de 2015.
La lucha contra el Combo del ICE fue un momento en que el desencuentro se radicalizó en Costa Rica. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa en el contexto actual? Porque advierto al Gobierno con mi opinión: veo cerca una potencial ola de protestas contra varias realidades de la gestión pública: beneficios desmedidos para unos pocos, con el aporte de muchos… “para muestra tres botones” porque con un solo botón no me alcanza ni para arrancar: pensiones de lujo para unos pocos, un aparato estatal ineficiente dado el volumen de recurso humano y financiero del que dispone, sindicatos defendiendo lo indefendible desde el punto de vista de viabilidad financiera y razonabilidad de cuestiones que ciertamente han recibido desde antaño, pero que no necesariamente porque se hayan aplicado en el pasado, significa que sean “horrores” (“errores”) que deban seguirse replicando.
Es vergonzoso que la Presidencia de la República “presione” a Aresep (revestida de “preocupación”) ante su decisión de sacar del cálculo del costo del combustible, la remuneración de empleados de Recope, pero salto de la rabia cuando se plantea siquiera la posibilidad de que la convención colectiva de Recope sea financiada con deuda externa si se excluye de ajustes tarifarios…
La realidad es una y muy clara: la situación económica del país no soportaría recargar en endeudamiento externo el pago de la convención colectiva de Recope y la sociedad costarricense no debe permitir que eso pase: ni en broma señores, no hay que ser genio para entender que eso sería motivo de sobra para un levantamiento popular y de resistencia social.
La realidad que se puso sobre la mesa no es un juego, “0,86 por ciento del margen de operación de Recope se destina a cubrir el acuerdo obrero patronal”, en el tanto la Sala Constitucional resuelva a favor de Recope, veo tangible un levantamiento social que le saldría muy caro al país; en el tanto la Sala Constitucional resuelva en contra de la convención colectiva de Recope, “con toda seguridad” se van a venir nuevas huelgas y el país no tiene un plan de contingencia que nos cubra al resto de los ciudadanos contra los abusos que se materializan con estas paralizaciones.
Desde luego reconozco al Gobierno que haya asumido la responsabilidad de analizar la realidad de las convenciones colectivas del país (Japdeva, AyA, Recope), pero “cuando el río suena, piedras trae”: antes de que el descontento de la sociedad se materialice en nuestras calles y antes de seguir asumiendo compromisos desproporcionados con los sindicatos, el Gobierno tiene la responsabilidad de llamar a referéndum.

Alejandra Esquivel

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